Armengol prohíbe a los alumnos de Ibiza con necesidades especiales que estudien la FP que quieran

Armengol prohíbe a los alumnos de Ibiza con necesidades educativas especiales que estudien la FP que quieran, por lo que sólo tienen dos salidas cuando llegan a cuarto de ESO si no aprueban: repetir curso o meterse en un módulo de cocina. No hay más.

Es la política de imposición, ordeno y mando de la Conselleria de Educación del Govern balear, presidido por la socialista Francina Armengol, que impide de forma sistemática que estos estudiantes ibicencos estudien la FP que elijan.

Así lo ha denunciado al Defensor del Pueblo y ante los tribunales con la interposición de un recurso contencioso-administrativo aún sin resolver, la familia de uno de los chicos afectados, residente en esta isla, al que la delegación de la citada conselleria dirigida por el socialista Martí March ha obligado a repetir por tercera vez consecutiva cuarto de la ESO, rechazando la intención del alumno de cursar una FP básica de Agrojardinería.

La negativa de March de ofrecer a los centros los recursos humanos y el soporte educativo necesario para que cursen los estudios de FP que ellos decidan, como cualquier otro alumno, respetando con ello la libertad de elección de estas familias, viene motivada por la imposición del Govern de agruparlos en un módulo profesional de cocina, como única salida profesional. No tienen otra posibilidad.

Una discriminación sangrante hacia estas personas que vulnera la Ley Orgánica de Educación. En concreto, el artículo cuarto, de atención a la diversidad como principio fundamental del derecho a la igualdad, al igual que el decreto 25/2015 de 24 de abril, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica del sistema educativo integrado de formación profesional de Baleares.

El artículo 29.3 del mismo es tajante al respecto, y deja bien claro, que a «los alumnos con necesidades educativas especiales se les debe ofrecer de acuerdo con la valoración de la discapacidad, trayectoria educativa y las posibilidades de inserción que presenten, un itinerario formativo que les facilite alcanzar los resultados de aprendizaje del título, las ayudas necesarias y especialistas de apoyo».

De nada han servido las denuncias realizadas por la Asociación Pitiusa por la Inclusión Educativa y Social (APIES), cuya presidenta, Lola Penín, se ha convertido en la voz de estos alumnos y sus familias y que, finalmente, ha tenido que llevar la defensa de estos derechos básicos a los tribunales ante la cerrazón del conseller March.

La vulneración de la libertad educativa de los afectados es aún más ofensiva si cabe, dado que en los ciclos de Formación Profesional Básica, la Conselleria de Educación debe reservar en cada centro un 5% de plazas disponibles de cada grupo para personas con discapacidad.

Eso, en teoría; porque en la práctica, el conseller March no lo respeta tampoco y deja a estos alumnos con sólo dos opciones: repetir curso o módulo de cocina, rechazando la opción laboral que estas familias consideran más adecuada para sus hijos.

Y todo ello, además, sin tener en cuenta los informes favorables de los orientadores educativos de los centros de enseñanza avalando la voluntad de estos alumnos de cursar los estudios de FP requeridos, teniendo en cuenta su nivel curricular, su grado de discapacidad y su motivación al haber participado activa y favorablemente en los proyectos iniciales planteados.

La decisión del conseller March es siempre la misma: no ofrecer los recursos humanos necesarios y de soporte educativo a los centros educativos que se ven obligados por ello a rechazar la FP solicitada.